La decisión de la Corte Constitucional sobre la renovación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la aprobación de un proyecto de ley en este sentido por la Cámara de Representantes, son pasos en la dirección correcta para repotenciar las políticas de reparación que como sociedad y estado debemos a quienes han padecido de manera directa las atrocidades del conflicto armado.

Como advirtió la Corte, pese a que la política se redactó en en 2011 con una expectativa temporal de 10 años, la tarea que la ley se propuso no ha sido completamente cumplida. Por ejemplo, según el informe más reciente de la Comisión de Seguimiento a la Ley que integran los órganos de control,  a marzo de 2019, solamente 11% del total de las víctimas registradas había recibido indemnización monetaria.

En materia de restitución de tierras el debate sobre cuánto falta para terminar la tarea es más …

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